Desde el pasado 1 de enero de 2017 se han limitado los pagos en efectivo a 1.000 euros. Las multas caen sobre el pagador y también sobre el receptor del dinero.
El Gobierno ha aprobado una serie de medidas para combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, con las que espera ingresar alrededor de 1.000 millones de euros más en las arcas del Estado.
Una de las medidas planteadas es limitar el pago en efectivo a 1.000 euros frente a los 2.500 euros que estaban admitidos hasta dicha aprobación.
Las operaciones que se verán afectadas serán aquellas en la que una de las partes o ambas actúan como empresario o profesional y su cuantía es igual o superior a 1.000 euros, IVA incluido, o su contravalor en moneda extranjera
Por pago efectivo debemos considerar todo el que se realiza en moneda metálica o papel moneda o bien con cheques al portador.
Esta medida se enmarca en la política que está siguiendo el Ministerio de Hacienda en su intento por hacer aflorar la economía sumergida y luchar contra el fraude fiscal
Esta medida beneficiará a los autónomos ya que, al combatir la economía sumergida, se reducirá la competencia desleal.
Como reducirá el fraude fiscal ésta medida es algo que está por ver, ya que la limitación de efectivo no es decisiva cuando las dos partes que intervienen en una operación acuerdan sumergirla, en especial cuando una de ellas es el consumidor final, pero sí dificultará el fraude en operaciones entre empresas
Para ello se han previsto una serie de sanciones aplicables para los infractores de esta medida. Éstos deberán afrontar multas que ascenderán al 25% de lo pagado.
Las multas se impondrán tanto al pagador como al receptor, que responderán de forma solidaria tanto de la infracción, como de la multa
Fuente: Google Imágenes
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